Publicado en Tiempo Argentino 7/03/2015
Boyanovsky Bazán
@boyanovskybazan
Manifestaciones masivas promovidas en los grandes medios de comunicación, acciones en apariencia espontáneas contra funcionarios de gobierno, solicitadas firmadas por personalidades reconocidas, instalación permanente de un discurso «libertario» y «democrático» y agresivas huelgas, lock-out patronales y llamados a la desobediencia civil, tendientes a degradar sistemáticamente la legitimidad del gobierno. Estos son los aspectos más salientes de lo que muchos analistas políticos consideran los pasos para un llamado «golpe blando», o «suave», concepto tomado de la teorización sobre la resistencia no violenta, del filósofo y politólogo estadounidense Gene Sharp, y que se observan en la actualidad en procesos democráticos en la región, sobre todo en aquellos que desafían las imposiciones del capitalismo globalizado. En los casos actuales, no son necesariamente gestados desde las bases populares, como ocurre en los libros de Sharp, sino promovidos y sostenidos desde los sectores de poder, que ya no recurren a los ejércitos para intentar derrocar a gobiernos legítimos.
En los últimos años, todos o casi todos los países de la región latinoamericana en la que se desarrollan procesos progresistas y populares, advierten de manera sistemática este tipo de orquestaciones que atentan con la estabilidad de los gobiernos, cuando directamente no logran desbancarlos. La situación en Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro directamente acusó al gobierno de Estados Unidos de conspirar en su contra, es resultado de una escalada que comenzó mucho antes de la muerte de Hugo Chávez, quien tuvo que enfrentar en 2002 un golpe de Estado que fue revertido gracias a la reacción popular. Más allá de haber ganado legítimamente las elecciones tras la muerte de Chávez, el gobierno de Maduro ha enfrentado la permanente acusación de ser una dictadura, igual calificación recibida por Chávez en vida. En nombre de la defensa democrática, sectores de la oposición y del poder económico vienen instrumentando las más diversas maneras de deslegitimación política, en una escalada que ha logrado poner al gobierno a la defensiva, que dispuso a las fuerzas armadas para contener posibles revueltas y autorizó el uso de armas de fuego. La trágica muerte del adolescente Kluivert Roa a manos de un policía fue resultado de ello.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, alertó que en «Venezuela está en marcha un golpe de Estado blando. ¿Cómo se puede sostener dos semanas de violencia sin tener un fuerte financiamiento?», cuestionó el mandatario en referencia a los hechos violentos que dejaron tres muertos y 66 heridos en el país. Correa sufrió en carne propia un intento de golpe de Estado, que poco tuvo de blando, cuando en 2010 efectivos de la fuerza policial se acuartelaron en protesta por una reforma y retuvieron al presidente en un hospital hasta que fue rescatado por militares, en una balacera que terminó con diez muertos y 300 heridos. El ecuatoriano explicó que los golpes blandos son intentos de desestabilización planificados desde el extranjero. «Ya no son golpes militares, ahora es el boicot económico, la manipulación informativa (…) son opositores concretos que movilizan e infiltran en las manifestaciones a gente violenta para después acusar al gobierno», señaló.
Hace algunas semanas Dilma Rousseff enfrenta en Brasil la instalación de un debate acerca del juicio político que le cabría por su presunta vinculación en el escándalo de Petrobras, la empresa estatal petrolera en la que se desnudó una trama de corrupción preexistente a la sucesora de Lula, que transita su segundo mandato. La campaña se alimenta de cierto descontento por cuestiones económicas, como el desempleo y la inflación, y se propagó a través de los medios sociales, pero fue avivada principalmente por los grandes medios de comunicación, O Globo a la cabeza, uno de los que más agita una marcha convocada con esta consigna para el 15 de marzo. Situación similar ocurre en la Argentina, donde también desde algunas columnas mediáticas y sectores de la oposición, se busca instalar la idea de un eventual juicio político a la presidente Cristina Kirchner.
La obra capital de Sharp, La política de la acción no violenta, publicada originalmente en 1973, fue traducida a 30 idiomas y recorrió el mundo llevando a pueblos oprimidos una esperanza para combatir a los opresores. Ese ensayo y sus consiguientes resúmenes, como Hay una alternativa realista y De la dictadura a la democracia, constituyeron manuales tácticos y estratégicos a la hora de pensar en liberarse de gobiernos ilegítimos por medio de la acción popular coordinada y conjunta. Sharp enumera una lista de 198 métodos para llevar a cabo esta lucha, organizados en cinco etapas. Plantea que el poder de fuego del aparato estatal se combate con «armas psicológicas, sociales, económicas y políticas». Si bien este desarrollo teórico-político estaba dirigido a gobiernos totalitarios y dictatoriales, la efectividad de sus métodos permitieron aggiornarlos hacia el desarrollo de nuevas tácticas no violentas destituyentes, solo que en estos casos, se trata de gobiernos legitimados por el apoyo popular. Estos «golpes blandos» comienzan con una serie de acciones para generar un clima de malestar. Entre ellas destacan la realización de «denuncias de corrupción y la promoción de intrigas». El próximo paso involucra desarrollar intensas campañas en defensa de la libertad de prensa y de los Derechos Humanos acompañadas de acusaciones de totalitarismo. Luego, las reivindicaciones políticas y sociales y en la promoción de manifestaciones y protestas violentas, amenazando a las instituciones. Siguen las operaciones de guerra psicológica para crear un clima de «ingobernabilidad» y concluyen en forzar la renuncia del presidente o la intervención de otros poderes.
Ese fue el destino de Fernando Lugo, en Paraguay. En junio de 2012, los dos partidos tradicionales lo destituyeron a través de un golpe de Estado parlamentario, tras acusarlo de violar la Constitución. La moción de censura por desempeño de funciones contra Lugo, quien había ganado las elecciones de 2008 con el 40% de los votos, comenzó por adjudicarle responsabilidad política por los enfrentamientos entre campesinos y policías ocurridos días antes en Curuguaty, departamento de Canindeyú, con un saldo de diecisiete muertos. Lugo enfrentó la resistencia a la reforma agraria que intentaba implementar, la falta de resultados inmediatos en mejorar la calidad de vida de la población indígena, y una campaña mediática contra el ex obispo católico por la paternidad de varios niños. «Los golpes de Estado contra Manuel Zelaya en Honduras y Fernando Lugo en Paraguay hay que analizarlos en un contexto regional, donde ya no se presentan burdas asonadas militares encabezadas por generales que cierran el Congreso, prohíben partidos políticos, sindicatos y medios de comunicación y guardan las urnas indefinidamente. Tanto en Honduras como en Paraguay fue el parlamento el que acusó a sendos presidentes de ser quienes violaban la Constitución Nacional y se los destituyó en nombre de la ‘democracia'», opinó el periodista de temas internacionales, Pedro Brieger. El hondureño Zelaya había promovido una consulta popular para encarar una eventual reforma constitucional, pero varios poderes del Estado, incluso los jefes de las Fuerzas Armadas, se le opusieron, con el argumento de que intentaría una reelección, vetada en la Carta Magna. El caso concluyó con la detención del presidente y su expulsión del país, en junio de 2009.
En estos casos, la maquinaria de propaganda negativa acompañó con énfasis los procesos destituyentes. Su efectividad quedó demostrada con los posteriores movimientos de los líderes alcanzados por los golpes. «Aunque Lugo pudo presentarse como candidato a senador y recorrer el país, lo hizo desde un lugar de absoluta debilidad», advierte Brieger. Zelaya, a pesar de haber podido regresar a Honduras, su partido perdió significativamente apoyo popular.
En sus ensayos, Sharp, de 87 años, profundiza en el trabajo sistemático dirigido a limar la legitimidad de un gobierno, a través del desprestigio en diversos medios, el acoso a funcionarios, el boicot de consumidores, las huelgas y otras acciones. Sharp introduce el concepto de «jiu-jitsu político» que consiste en derribar al oponente mediante un desequilibrio con una táctica o maniobra. «Para ganar hay que insistir, persistir, no retirarse, no someterse. Dar muestra de que la represión debilita, detiene o estanca al movimiento es dar aviso al adversario de que con más represión obtendrá la victoria», afirma.
Sharp habla del concepto de obediencia como un atributo que el gobernante debe ganarse de sus gobernados. «El gobernado, al retirar el consentimiento, puede controlar y hasta destruir del poder del contrincante», sostiene el teórico del golpe blando. «
publicado en Tiempo Argentino, el 7 de marzo de 2015.
